Manuel Silva Sánchez

La Comisión de Educación del Senado de la República aprobó la iniciativa que presentó el Presidente de la República para flexibilizar el Calendario Escolar, para que las escuelas de Educación Básica y Normal puedan fijar su calendario cada ciclo, comprendiendo un mínimo de 185 y un máximo de 200 días efectivos de clases.

El dictamen implicó cambios en los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de Educación.

Las instituciones tomarán seguramente en cuenta las condiciones climáticas, los usos y costumbres y festividades de cada una de sus localidades, las condiciones de seguridad o políticas de su entorno.

Con dicha medida se promueve la autonomía de gestión, quedando aún por emitirse los lineamientos generales a que deberán sujetarse para dichos ajustes, los que serán emitidos por el Poder Ejecutivo y deberán verificarse por las autoridades educativas de cada entidad; los Consejos de Participación Social podrán incidir en la toma de estas decisiones.

Este ajuste normativo tendrá enormes repercusiones en la vida de las instituciones educativas de nivel básico y Normal, debido a que será una de las maneras en que la participación social tendrá un efecto concreto en el sistema educativo local, debiendo protegerse en la toma de decisiones respectivas a los alumnos y a las familias.

No obstante, se corre el enorme riesgo de que las instituciones educativas opten por el principio del menor esfuerzo, y tiendan a justificar el mínimo de días de clase a 185, buscando y encontrando justificaciones para ello, lo que afectaría la calidad educativa pretendida; las autoridades educativas deberán estar al pendiente de evitar estas conductas por más democráticas que parezcan.

Veremos en la práctica los efectos de esta medida.